''El plan del Plan Colombia'':

''El plan del Plan Colombia'':

Regionalizar la inviabilidad a soluciones de paz en Colombia



Por: Alexis Ponce



Ecuador logró recuperar en los últimos cuatro años márgenes de autonomía en materia de política exterior. Específicamente, fueron positivas las tesis levantadas por los dos últimos gobiernos al responder al interés nacional, a la no injerencia militar ni al involucramiento bélico en el conflicto colombiano, que los regímenes previos (de Lucio Gutiérrez, Gustavo Noboa y Jamil Mahuad) profundizaron gradualmente.



Prácticamente no hay sector social, civil o político en el Ecuador, que no haya repudiado el Plan Colombia y sus efectos nocivos en la región entera, cuanto apoyado la Política Exterior de exigir a su par colombiano y a EEUU mutuo respeto, reconocimiento de la soberanía y no intervención en los asuntos internos de cada país.



El desalojo de la base militar estadounidense en Manta, aspiración y propuesta de la sociedad civil ecuatoriana, será una realidad en este año con la salida total del FOL del Comando Sur. Eso ha incidido en mayores niveles de autonomía de nuestra política exterior y de desvinculación operativa con los planes y escenarios de regionalización militar buscada durante la última década. De hecho, la ejecución del Plan Colombia y las operaciones del ejército colombiano, convirtieron la base de Manta en un componente estratégico para el desarrollo de los planes político-militares de EEUU en el conflicto colombiano.



Para Washington y Bogotá es inaceptable la postura ecuatoriana (y regional, si sumamos la visión que sobre el tema han mantenido los gobiernos de Brasil, Venezuela y Bolivia, y el de Panamá en menor grado) en relación al conflicto colombiano.



Debido al giro de la política internacional en Sudamérica y, más específicamente, en la región andina, se han ensayado operaciones encubiertas y mediáticas muchas veces con manufactura original en Bogotá, con el objetivo de “regionalizar” la visión maniquea de opción militar como salida al conflicto, para dinamitar con sucesivas vías de presión la posibilidad de que el Ecuador y otros países de la región se involucren en la solución política de paz negociada y en el arreglo de acuerdos humanitarios.



“La solución militar al conflicto es inviable”, ha señalado el ex-Jefe del Comando Sur, Gral. James Hill, tesis que de manera constante insistieran grupos sociales y gobiernos de la región a los largo de diez años.



La subordinación conceptual-estratégica en materia de Seguridad que tiene el gobierno colombiano con respecto a la tesis de la Seguridad Nacional estadounidense y su apego al concepto estratégico post-Guerra Fría de la “Guerra Antiterrorista”, consolidaron la lectura de que toda la región debía sostener un pensamiento estratégico similar al del llamado Eje Bogotá-Washington.



El logro de esa política, se sintetiza en que después de diez años de aplicación de estrategias tendientes a neutralizar a la región como proponente de una solución política de paz, se nota la carencia de iniciativa estratégica por parte del Ecuador y los demás gobiernos de la región andina y Latinoamérica, para configurar alternativas pro-activas en torno a la crisis humanitaria de Colombia, al canje y la solución política negociada. Todo ha girado en la reacción a la contingencia, la respuesta a la provocación o el rechazo (importante, pero insuficiente) a salidas militares con participación colectiva del continente, la región o el país.



Se nota, además, que -a pesar de los lentos avances conceptuales (Consejo Sudamericano de Defensa, por ej.), la región carece de pensamiento propio e integral en materia de Seguridad y Defensa, que permita responder adecuadamente a la nueva correlación y desplegar una Política de Estado regional pro-activa, y no sólo reactiva, ante las presiones del otrora “eje” Washington-Bogotá. La región ha avanzado menos todavía en diseñar y aplicar una visión y política sobre drogas, distinta a la que EEUU ha impuesto por décadas.



Al gobierno colombiano le molestan las tesis de la región andina y Sudamérica sobre el conflicto colombiano y Bogotá se niega a reconocer que existe un conflicto armado porque esa aceptación conllevaría, tarde o temprano, el otorgamiento a los insurgentes del estatuto de fuerza beligerante.



En la práctica, el derecho humanitario elude el delicado problema del reconocimiento. Cuando se ha procedido al reconocimiento de “fuerza beligerante” a una organización, sus integrantes pasan a ser considerados como ‘combatientes legítimos’ puesto que tienen vocación de Estado y la comunidad internacional debe declararse neutral mientras la pugna entre los contendientes no se dilucide con las armas o mediante acuerdos de paz. A diferencia de Uribe, los gobiernos colombianos desde 1980, con Julio César Turbay, Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, han efectuado un reconocimiento de facto a la guerrilla al establecer mesas de diálogo y acuerdos parciales de paz, aunque sin dar el paso de considerarla fuerza beligerante ante el temor de reforzar la autoridad territorial de la guerrilla, hoy alicaída desde el punto de vista estratégico y político, aunque con capacidad operativa.



El gobierno colombiano en la línea de presionar a Ecuador y otros vecinos, incluso a países latinoamericanos lejanos geográficamente a la zona andina, ha declarado que las FARC usan sus territorios como santuarios de descanso y traslado de armas y drogas. Desde el punto de vista geográfico, es poco creíble que las FARC necesiten cruzar la frontera para realizar sus ataques, pues los departamentos del Putumayo (24.885 km2) y Nariño (33.268 km2), fronterizos con Ecuador, son tan grandes como la República de El Salvador (21.041 km2), donde el FMLN no necesitó cruzar las fronteras para desplegar su actividad militar. Es más, durante los últimos diez años Colombia planteó durante catorce ocasiones al Ecuador realizar acciones militares conjuntas, lo cual fue respondido de manera negativa aún en los momentos en que se sostenía una política oficial de involucramiento escalonado (2000 a 2004).





Los mandos militares de Ecuador, la región andina y Sudamérica, están claros de que sería un grave error involucrarse militarmente en el conflicto colombiano, sea directamente, o a través de la estrategia del “Yunque y martillo” presionada sobre el Ecuador, Panamá y Venezuela durante una década.



El conflicto colombiano tiene una duración de más de 40 años y lo que comenzó como una lucha entre liberales y conservadores por controlar el gobierno, se transformó en una guerra civil violenta y ahora en un conflicto contemporáneo cada vez más complejo y de difícil resolución, agravado en los años 80 con el surgimiento del fenómeno del narcotráfico que dio lugar a la aparición de nuevos actores, enredando aún más la guerra interna y profundizando la postergación de una salida de paz duradera.





Propuestas para la paz en Colombia: una perspectiva regional.

Recomendaciones:



Es pertinente desarrollar un involucramiento positivo y pro-activo por la paz, los DDHH, el acuerdo humanitario, la soberanía y la solidaridad, ante el conflicto colombiano; políticas de Estado caracterizadas por:



a) Promover una salida negociada y dialogal del conflicto.



b) Romper el círculo vicioso de las presiones de una salida militar, y consensuar un liderazgo colectivo sudamericano por una propuesta de solución negociada al conflicto a nivel sub-regional. Pasar de una postura reactiva a una de despliegue de iniciativas que rompan la lógica militarista impuesta en una década.



c) Tomar el ‘problema’ colombiano como oportunidad para que la región construya sus propias instituciones y políticas en tres campos: seguridad, drogas y solución negociada de los conflictos.



d) El involucramiento positivo ayuda a quebrar los discursos con que se critica la necesidad de una injerencia pacífica y dialogal en el continente latinoamericano.



e) La construcción de una solución política colectiva al conflicto colombiano desde los países sudamericanos, va a permitir asestar un golpe al concepto estratégico de Guerra Antiterrorista con la cual se ha tratado de mantener un statu-quo favorable a intereses hegemónicos en la zona.



f) Los sectores nacionales y regionales que hemos trabajado en el tema durante años, debemos ampliar el tejido político y organizativo, y constituir una fuerza social y civil significativa para generar condiciones que más adelante permitan promover la propuesta de solución política negociada al conflicto de manera regional y pro-activa. En esa dimensión, es urgente tejer alianzas regionales sólidas a favor de la solución de paz en Sudamérica y organizar eventos colectivos regionales con organizaciones amigas en Europa y el mundo para visibilizar internacionalmente la aplicabilidad de una propuesta de solución regional de paz y negociación al conflicto colombiano.



Desafíos de la actualidad geopolítica:



Ecuador logrará un tanto de alcance regional en esa búsqueda, al poner fin al convenio de la base militar estadounidense en Manta, que quebrará la estrategia del Comando Sur en un continente cuyo eje político cambió en la última década. Entramos a una fase estratégica de desenlace, en la que lograr la salida de la base militar más grande de EEUU en Sudamérica, es clave para el desarrollo de esa “pinza estratégica de paz”, en la que dos actores hemisféricos más importantes tendrán peso político trascendental en el proceso de desmilitarización del conflicto colombiano y de probable búsqueda de creativas estrategias dialogales por la solución negociada: el presidente Obama de EEU, que intenta ser cercado por la nomenclatura republicana y militarista para torcer su promesa de cambio a la política exterior, pero con voluntad de avanzar en un nuevo entendimiento con Latinoamérica, por un lado; y, por otro, el Brasil de Lula, o de otro presidente nacido de las filas del PT.



Estamos en un nuevo momento político, único a nivel nacional, regional y sub-continental, que no debe ser desaprovechado. Es dable una estrategia amplia y democrática que permita a los estados, países amigos y sociedades civiles en conjunto, lograr lo que ayer fue solamente un anhelo civil de Colombia y sus geografías vecinas: la solución política de paz.



UNASUR, en tal sentido, podrá jugar un papel de primer orden en el hemisferio, desplazando a la OEA que entró en crisis debido a su insuficiencia para entender la nueva realidad continental.



Es necesario despojarse de dogmatismos conceptuales y tradicionales tesis sobre los procesos de paz o las experiencias de ‘neutralidad pro-activa’, pues equiparan equívocamente experiencias distintas en tiempos y contenidos para negarle a la región cualquier propuesta innovadora en el tema.



Debemos explorar creativamente en la experiencia de Neutralidad pro-activa de Costa Rica, a la que, de manera sorprendente, casi ningún académico, diplomático y gobernante se ha referido en la región andina para contribuir a un arreglo del conflicto de Colombia.



Durante la década de los 80as, Costa Rica, un país con una política exterior parecida a la que tuvo Ecuador a principios de esa misma década, estuvo cercada por los impactos, no de un conflicto de un solo país vecino, como ha sucedido con el caso ecuatoriano, sino por tres guerras civiles y conflictos asimétricos devastadores muy cercanos a Costa Rica (El Salvador, Guatemala y Nicaragua), sumida en la disyuntiva de recoger pasivamente el derramamiento de esas guerras vecinas, en medio de un violento discurso intervencionista de la administración Reagan en la región centroamericana.



La Costa Rica de Rodrigo Carazo, primero, y de Arias, después, entendió y logró hacer respetar la original y alternativa tesis diplomática y fronteriza de la Neutralidad pro-Activa, la misma que con una inteligente política de alianzas con los centros de gravedad estratégica de esa década en América Latina (México, Brasil, Venezuela, e incluso Colombia), logró originar, a contracorriente de la postura militarista de EEUU y sin entrar en confrontación con la potencia, el movimiento diplomático-político y gubernamental que desencadenó la aparición del Grupo "Contadora" para la búsqueda de una solución negociada y dialogal de los conflictos centroamericanos.


Por supuesto, asumir creativamente ese modelo, implica primero despojarse de la venda parroquial que de manera inveterada, padecen los media y académicos de la región y, por tanto, reconocer que hay "mundo" y "continente", y no sólo la región andina y las fronteras.



La emergente correlación de fuerzas subcontinental es favorable a las tesis de no injerencia militar, no regionalización bélica y autodeterminación, e incluso a la tesis -en construcción- de una Propuesta Regional Latinoamericana de Negociación de Paz y de Respeto al DIH en Colombia.



Una "Neo-Contadora" regional de paz contribuiría al beneficio de Colombia y los países vecinos. Pero eso implica dejar el espíritu reactivo y defensista de los últimos veinte años en materia internacional, y tejer un Anillo Regional pro-Contadora para la paz de Colombia, con Brasil, Argentina, Chile, El Salvador, Uruguay, Cuba, Venezuela y otros países que son el nuevo centro de gravedad de América Latina en la hora concreta que vivimos.


El Ecuador, desde 1999 al 20 de abril de 2005, fue empujado a ser “la Camboya” regional, o, más precisamente, la Honduras de los 80as. en los Andes de la primera década del siglo 21, porque el gobierno de ese país fue el reverso de la moneda costarricense: Aceptó una base militar de EEUU en su suelo, se involucró militarmente en los conflictos vecinos, participó pasivamente en las tres guerras, recibió el derrame de todas ellas, violó el DIH y gestó una guerra sucia interna, producto de esa regionalización, que costó más de 200 víctimas.



Medidas progresivas hacia “la Contadora Sudamericana”:



1. Declarar territorios de Paz a las franjas fronterizas territoriales estratégicas (20 kms. a cada lado de la línea de frontera) de Brasil, Panamá, Perú y Venezuela (Ecuador adoptó esta tesis como principio constitucional en el 2008) con la participación de Veedurías Internacionales de Paz, como una medida tendiente a evitar los riesgos de regionalización del conflicto y de intervención foránea.



2. Establecer estrategias conjuntas de la sociedad civil regional de América Latina, Europa y EEUU, para confluir juntos en una alianza estratégica por una salida de paz, negociada y política a Colombia.



3. Trabajar por el cese de fuego y hostilidades de todos los actores del conflicto (fuerzas armadas y policiales, paramilitares y fuerzas insurgentes), que incluya una moratoria de la ayuda militar norteamericana a América Latina, para consolidar y ampliar la esfera de las negociaciones de paz y potenciar con la sociedad civil de Colombia, la región y los gobiernos amigos, acuerdos indispensables para una solución negociada del conflicto.



4. Construir una Propuesta Latinoamericana propia y conjunta de Control de Drogas.



5. Europa, que ha mantenido una posición un tanto distinta a la de EEUU en la apreciación global de la problemática regional, así como sobre el conflicto colombiano, podría jugar un papel importante en el futuro mediato. Es imprescindible sensibilizar a los nuevos EEUU sobre los efectos que tuvo la visión del mundo en su ‘zona regional de influencia’, y hoy Obama debe recuperar el andamiaje doctrinal y jurídico de los derechos humanos y la paz.



6. Las organizaciones de DDHH y paz de Colombia tienen que volver el rostro a la región, cuyos países estamos a su lado geográfica y culturalmente. De ahí que se deban profundizar los espacios de coordinación estratégica entre los movimientos sociales, de DDHH y de paz de toda la región, para apostar a salidas regionales de paz, pues sin la reflexión actuante de esa pluralidad, será difícil que cada país logre salidas a sus propios dramas y, en especial, Colombia.



Nuestras actividades deben estar enfocadas a consolidar sociedad civil y configurar alternativas estratégicas de las ciudadanías, con énfasis en la ampliación regional de las redes de sectores sociales, personalidades y poderes locales de la región, que pueden ser potenciales dinamizadores de un embrionario proceso de paz regional ante la internacionalización de un conflicto de mediana intensidad.



* Fundador de la APDH y del Grupo de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia en Ecuador.





Bibliografía:



1. Informe de Fronteras a la Defensoría del Pueblo. 2007

Autoría: Grupo de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia, APDH, CSMM / Fuente: GCM



2. Análisis del Plan de Contingencia para atención de Refugiados en Ecuador. 2005

ACNUR y Cancillería del Ecuador.

Autoría: CSMM, Pablo de la Vega. / Fuente: Grupo de Monitoreo.



3. Once propuestas en Política Exterior. APDH 2007

Autoría: Alexis Ponce. / Fuente: APDH



4. Hacia un pensamiento militar estratégico latinoamericano. APDH 2008

Autoría: Alexis Ponce / Fuente: APDH