lunedì 29 giugno 2009

CARTA DE LEON ROLDOS AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

Guayaquil, 27 de junio del 2009



Señor

Dr. Diego García Carrión,

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO,

Quito.



Señor Procurador:



Nuevamente gracias por la cita concedida para formalizar la denuncia sobre la nulidad de los contratos del Ing. Fabricio Correa con entidades del Estado.

Después de la presentación del Presidente Rafael Correa de la noche del viernes 26 de junio y las declaraciones al diario El Universo del Ing. Correa, publicadas hoy 27 de junio, en que explica que no hizo estallar “la bomba” como había ofrecido para ayer viernes, por el aviso del funcionario de comunicación de la Presidencia Fernando Alvarado, sobre lo que iba a ser la intervención presidencial, la percepción es que estamos ante un riesgo de tongo cuando lo que ordena el Presidente es que se “ realicen las investigaciones necesarias y, en caso de haber razones, se declare la terminación unilateral de los contratos” entre varias entidades del Estado con empresas en las que su hermano Fabricio tiene intereses económicos.

El Presidente advirtió del riesgo que “se pudieran iniciar demandas millonarias en contra del Estado ecuatoriano”, con lo cual está intimidando a los funcionarios a los que les pide investigar y decidir porque el Art.99 señala que serían demandados ellos personalmente, ya que al decidir: “….serán personal y pecuniariamente responsables – los funcionarios- por el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio, de ser el caso, de la responsabilidad penal a que hubiere lugar”.

El Ing. Correa los demanda ¿y quién los salva, por el servilismo de quienes deban fallar?.
Usted sabe que una cosa es la terminación unilateral que debe decidir el funcionario de la administración pública, sólo por las causales del Art. 94 de la Ley Orgánica que rige la Contratación Pública; y, otra la nulidad de los contratos por inhabilidad del contratista, en que la decisión es judicial, y la atribución privativa de demandarla es sólo suya, conforme al Art.66 de la misma Ley, y de nadie más:

“Art. 66.- Denuncias.- La denuncia sobre contratos celebrados con personas inhábiles o sobre aquellos que recayera alguna causa de nulidad, podrá presentarla cualquier persona al Procurador General del Estado acompañando los documentos probatorios del caso, para que se analice la procedencia de demandar la nulidad del contrato sin perjuicio de que se inicien las demás acciones civiles o penales a las que hubiere lugar”.

Tenga la certeza que ningún funcionario dependiente de la Presidencia va a declarar la terminación unilateral de los contratos, después de la amenaza presidencial de indemnizaciones millonarias que afecten al patrimonio personal de quienes la declaren.

Más aún, por convencimiento jurídico pienso que el vicio acusado contra F. Correa no es causal de terminación unilateral, porque las únicas causales para aquello son referentes a infracciones en la ejecución contractual, que no es lo que hoy se está acusando.

El caso que se acusa –y se demanda la nulidad- es inhabilidad del verdadero beneficiario del contrato, quien para evadir el Art.62 de la Ley citada, no apareció a ofertar y contratar con su identidad personal, ni por compañías en que sea accionista, sino que utilizó de cortina a membretes y testaferros, contraviniendo la prohibición constitucional de la simulación contractual y la convención de Naciones Unidas contra la corrupción, ratificada por el Ecuador, que exige transparencia en lo relativo a “la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en el establecimiento y la gestión de empresas”-

Si usted no asume su obligación de demandar la nulidad ante la evidencia confesa del hermano del Presidente de la República, su omisión consagraría la impunidad en el Ecuador.

Respetuosamente,

León Roldós Aguilera

leonroldos@yahoo.com.mx

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sabato 27 giugno 2009

PERU: UNA MASACRE ANUNCIADA


DECLARACIONES DE PIZANGO A TELESUR

Congreso (Peru):Alan Garcia, Fujimoristas y "Unidad Nacional" suspenden decretos pero NO!!! DEROGAN


ALAN GARCÍA, GENOCIDA DE AYER, GENOCIDA DE HOY.






No es tiempo para permanecer callados









PERU: OTRA VEZ PELIGRO DE BRUTAL REPRESION









venerdì 26 giugno 2009

Marchantes por la vida: Inmigrantes Hipotecados en España






España: Cuarenta personas caminan 450 kilómetros desde Valencia para pedir en el Congreso una morato



......"tras recorrer durante díez días la distancia que separa Valencia de Madrid, para reclamar al Gobierno que otorgue una moratoria general de dos a tres años en el pago de las hipotecas, para evitar así posibles desahucios....."







ECUATORIANOS INICIAN CAMINATA DE VALENCIA A MADRID







Pliego de Peticiones de los marchantes









martedì 23 giugno 2009

Homenaje a Elba Berruz (Representante de los emigrantes)

Fabricio Correa despegó con este Gobierno

Fabricio Correa EL HOLDING


Fabricio Correa (i); Máximo Villavicencio, gerente de Cosurca, y Joffre Campaña, abogado.

11 de Septiembre del 2009… Fabricio Correa repitió por segunda ocasión la frase sobre el sexto velasquismo cuando remarcó que la decisión del Gobierno frente a la terminación de los contratos es de orden político y que obedece a encuestas, en un momento en que la gente está “chira” y la popularidad baja.…




'Le informé al presidente Correa sobre los contratos de su hermano en Loja'

El ex gobernador de Loja, Nilo Córdova, decidió revelar hoy un secreto que lo consumía por dentro. Le contó a este Diario que fue él quien personalmente le advirtió al presidente Rafael Correa sobre los negocios en los que estaba empeñado en Loja su hermano, Fabricio.

“Yo le alerté directamente a él en el primer trimestre del 2008 cuando aquí mucho se hablaba de que la empresa lojana Cosurca estaba en negociaciones con Fabricio Correa”, dijo Córdova.

Esa cita ocurrió durante un Gabinete en el que los mineros del austro acudieron a Carondelet.

Luego, el entonces Gobernador le pidió a Correa que lo reciba en privado.

“Mira, Presidente, tú me has encomendado esto. Cumplo con decirte que tengo conocimiento de que tu hermano anda buscando algunas formas para contratar en Loja”, comentó Córdova, quien recuerda que eso incomodó mucho al Mandatario “y creo que conmigo también”.

No obstante, en junio pasado, el presidente Correa afirmó que desconocía que su hermano había obtenido contratos con su gobierno, por cerca de USD 80 millones. En tres oportunidades, incluido un enlace radial del sábado, Correa negó enfáticamente que conocía esos contratos.



Contratación pública
“Recién te desayunas” después de semejantes almuerzasos. Por: Lim





LEON ROLDOS CITA LA LEY PARA PEDIR LA NULIDAD DE LOS CONTRATOS DE F.CORREA Y EL ESTADO:....“Art. 66.- Denuncias.- La denuncia sobre contratos celebrados con personas inhábiles o sobre aquellos que recayera alguna causa de nulidad, podrá presentarla cualquier persona al Procurador General del Estado acompañando los documentos probatorios del caso, para que se analice la procedencia de demandar la nulidad del contrato sin perjuicio de que se inicien las demás acciones civiles o penales a las que hubiere lugar”.









Hermano del Presidente desconocía impedimento para celebrar contratos


La Lista de los "listos" comienza a crecer

MARTHA ROLDOS, cuestiona los contratos: A decir de la ex asambleísta, en el caso del hermano del presidente, Rafael Correa, Fabricio Correa, es evidente que se reformó por tercera vez el reglamento de la Contratación Pública, para dejar fuera las prohibiciones de contratación a sus parientes.





Otro contrato, el de la construcción de la carretera Chillanes-Bucay, de 57,43 km en la provincia de Bolívar, se incorpora a la lista de obras que ejecuta en este gobierno Fabricio Correa Delgado…………… Lo efectuó de manera directa, porque con resolución 064-DM del 20 de marzo de 2008, el ministro Marún calificó como emergente la ejecución de los trabajos de construcción de la carretera Chillanes-Bucay.












LEAN DESDE MAÑANA UN INFORME COMPLETO EN DIARIO EXPRESO

LOS NEGOCIOS DE LA FAMILIA DEL PRESIDENTE CORREA


La revista vanguardia de lunes 10 de junio de 2009, bajo el titular “El que no oye consejos”, dice: “Fernando Villavicencio se ganó un juicio por calumnia por parte de Fabrizio Correa. El dirigente de Polo Democrático dijo que hay un círculo oscuro alrededor del Presidente y que hay razones para haberle pedido que envíe al hermano de vacaciones. Rafael Correa respondió que si le prueban que un pariente suyo se ha beneficiado de un contrato, él renuncia... Pues bien, Villavicencio activará ese juicio. Pedirá al juez de la causa que revise contratos de Petroecuador y órdenes de trabajo para limpieza de piscinas, trabajos de topografía… y que averigüe quiénes son los socios de empresas como Quality, BGP, Engineering International Consultants Corporation. El ex sindicalista tiene cómo probar que el Presidente se equivocó al no seguir su consejo…”

Como señala Vanguardia, en efecto Fabricio Correa inició la demanda, hace más de 8 meses, sin que hasta el día de hoy se haya notificado al demandado, por ninguna vía. La típica estrategia de utilización de la justicia para intentar intimidar y silenciar a quienes cuestionan los abusos del poder.

Pero veamos la compleja y bien armada red de negocios del hermano del Presidente Correa, que será revelada en los próximos días, y que será utilizada como prueba en el citado juicio penal.

APLITEC.

Fabricio es propietario de la empresa APLITEC, domiciliada en la ciudad de Guayaquil. Hasta el año 2001, fue Presidente de la compañía, Gustavo Noboa Bejarano, ex Presidente de la República , beneficiado por Rafael Correa con la amnistía. Al poco tiempo de posesionado como Presidente, luego del derrocamiento de Jamil Mahuad, se adjudicó el contrato de construcción de obras en la presa Tahuín, a la compañía Aplitec de la cual hasta hace poco era su presidente, además Gustavo Noboa, firmó como testigo de honor (Ver publicación Blanco y Negro). El contrato fue cuestionado, no ha concluido y se encuentra sometido a la justicia. Lo propio sucedió con un contrato para la construcción de tanques de almacenamiento para la Filial Petroproducción , donde APLITEC también incumplió el contrato.

Banco y Negro dice: “Para comenzar la primera fase, la Corporación para el Desarrollo Regional de El Oro (Codeloro) convocó a un concurso en 2001. Se interesaron siete empresas: Coandes, Colisa, Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Equitesa, entre otras. Pero el 7 de junio se adjudicó a una empresa no muy conocida: Aplitec S.A., “por considerar que era la mejor oferta para los intereses institucionales y del Estado”.

La empresa pertenece a Fabricio Correa Delgado, en ese momento un joven ingeniero que conocía desde su juventud a Noboa, quien reunía a un grupo de colegiales en su casa para analizar la Biblia. La relación fue cercana, al punto que Noboa aparecía como presidente de Aplitec antes de que decida intervenir en política.
El 5 de octubre de 2001, Aplitec recibió un anticipo de $1 115 728 para iniciar la obra. Siete años después, Tahuín aún no opera. El contrato llegó a los tribunales y en Arenillas siguen a la espera de la obra. Nadie sabe hasta cuando.”

QUALITY OUTSORSING QUALOT

A fines del 2008 se presentó una denuncia ante la fiscalía de la nación en la cual se señalaba que la Filial Petroproducción habría adjudicado a dedo 19 contratos por más de 300 millones de dólares, se acompañó un cuadro tomado de una de las computadoras de uno de los asesores del Vicepresidente de Petroproducción Camilo Delgado, en el cual aparecían la lista de contratos, los montos, las compañías beneficiarias, las iniciales de los tramitadores y hasta los montos de las coimas.

La fiscalía incautó las computadoras portátiles, hizo los peritajes del caso, pero hasta la fecha no ha emitido informe alguno o ha determinado acción judicial que se conozca.

La Asambleísta Martha Roldós solicitó a Petroecuador copias de todos los procesos y contratos referidos en la denuncia, comprobándose que en efecto los contratos fueron adjudicados a las mismas compañías que constaban en el cuadro en referencia, los montos eran iguales y el procedimiento el mismo, es decir bajo emergencia.

Dentro de esos contratos figura uno en especial, el de tratamiento de aguas de formación del campo Auca, adjudicado a la compañía QUALITY.

Quality era una compañía sin trascendencia hasta el año 2007, fue constituida por Manuel Ochoa y otros accionistas menores, no había participado en contratos significativos. Hasta que aparece Fabricio Correa adquiriendo el 40% de acciones a través de la empresa ENGINEERING INTERNATIONAL CONSULTANTS CORPORATION, de nacionalidad panameña, protegida bajo la representación del bufete de abogados Morgan & Morgan.

Con Fabricio manejando las participaciones e incluso posiblemente otro 30% que aparece bajo el control de Cristóbal Accini Saavedra, quien sería testaferro, Quality despunta levantándose importantes contratos y subcontratos.

Además del contrato referido, durante el año 2008 se beneficia de aproximadamente 6 o 7 órdenes de trabajo para remediación de las piscinas de crudo de los campos Auca, Shushufindi y Libertador. En este punto deberíamos recordar que el Presidente Correa en abril de 2007 acusó de “gangster” al empresario José Dapelo, de Ecuavital, de quien dijo había manejado en forma dolosa más de 140 millones de dólares en remediación ambiental.

Durante lo que va del año 2009, Quality se adjudicó sin licitación dos contratos para adquisición de equipos de remediación ambiental con la Vicepresidencia Ambiental de Petroecuador, por un monto estimado de 23 millones de dólares.

En otros contratos, Quality no da la cara, se escuda tras la empresa China BGP, subsidiaria de CNPC-SINOPEC. Es el caso de 5 contratos de sísmica para los campos: Auca, Cononaco, Bloque 15, Progreso, contratos que estarían en el orden de 200 millones de dólares aproximadamente. De estos contratos, Quality tiene subcontratos por montos aproximadazos del 45% en cada uno. Cabe destacar que se tiene información precisa de que quien elaboró las propuestas y realizó los “trámites” en Petroproducción fue la compañía Quality, es decir Fabricio Correa.

MEGAMAQ

Esta empresa funciona en el edificio Dygoil en Quito, donde también funcionaba Quality. Hay que recordar que una de las empresas que ha facilitado el ingreso de las empresas chinas a Ecuador es Dygoil, incluso uno de los representantes de una de esas empresas chinas, Wilson Pastor, es actualmente Gerente de Petroamazonas, operadora del bloque 15, y quien adjudicó el contrato de sísmica a BGP-QUALITY.

Megamaq registra como accionistas a Engineering International Consultants Corporation, empresa de Fabricio Correa, y a Máximo Villavicencio Villavicencio, ex funcionario de la CAE de Manta, removido por supuestos actos de corrupción. Megamaq, se beneficia de un crédito por 10 millones de dólares de la Corporación Financiera Nacional, para la adquisición de equipo pesado: tractores, volquetas, camionetas, retroexcavadoras, etc y pone como garantía los propios equipos y dos terrenos junto al aeropuerto de Manta, estos terrenos le pertenecen a la empresa NEGOLIDER. Todo el equipo pesado fue transferido a la empresa COSURCA, la cual mantiene contratos con el Ministerio de Obras Públicas y el proyecto Baba. En efecto, se sabe que una parte de esos equipos son utilizados en el proyecto Baba y otros para la construcción y mantenimiento vial en Loja y el sur del país.

COSURCA

Es una empresa de propiedad de Fabricio Correa, a través de la compañía International Energy Overseas Corporation, también de nacionalidad panameña, igualmente encubierta por el bufete Morgan & Morgan.

NEGOLIDER

Esta es una empresa que aparece domiciliada en Guayaquil en la misma dirección de APLITEC. Negolider registra como accionistas a Federico Zenk, pariente político de Fabricio Correa, a Max Villavicencio Villavicencio y a la compañía Malasoma. Como se dijo, Negolider es la dueña de los terrenos que Megamaq puso como parte de la garantía del crédito de 10 millones de dólares realizado a la CFN.

MALASOMA

Esta empresa que es una de las propietarias de NEGOLIDER, también está registrada en Guayaquil, en la misma dirección de APLITEC. Los accionistas son nada más y nana menos que Fabricio Correa Delgado y Norma Delgado, la madre del Presidente de la República.

INTERNATIONAL ENERGY OVERSEAS CORPORATION

Esta es una empresa de nacionalidad panameña, la apoderada de INTERNATIONAL ENERGY OVERSEAS CORPORATION es Margie Harb Touma, mientras que apoderada Engineering International Consultants Corporation es Neida Inmaculada del Rocio Andrade Ocampo, quien además es miembro del Directorio de Corpecuador, nombrada por Rafael Correa, a través de Decreto 174 del 9 de marzo de 2007.

Esta es solo una parte, la pregunta del millón es ¿de esto está enterado el Presidente y los eunucos intelectuales que decoran de revolucionario a este modelo delincuencial? Ya saldrá el aparato mediático devorador a decir que hay conspiración de la partidocracia y que los que no representan nada le hacen el juego a la derecha.

En resumen, lo que vive el Ecuador, es un nuevo ensayo de acumulación del capital, rearticulando a viejos y nuevos grupos económicos, vinculados a empresas extranjeras de nuevo cuño, y de otros poderes emergentes, capitales lastre de china, brasil, rusia, india o de empresitas de cartón constituidas en los paraísos de la gran delincuencia internacional: Panamá o Islas Cayman. Los gangster de ayer, los que trabajaban para el extinto dueño del país y para sus progenitores extranjeros, hoy laboran para las nuevas mafias internas, solo que ahora encubiertas en forma perversa tras la imagen del Che y del socialismo del siglo 21.

LA REVOLUCION CIUDADANA ESTA EN MARCHA.



Enviado: sábado, 13 de junio, 2009 13:22:57
Asunto: LOS NEGOCIOS DE FABRICIO CORREA

lunedì 22 giugno 2009

5ta y 6ta jornada de caminata.



BOLETIN DE PRENSA


QUINTA Y SEXTA JORNADAS CAMINATA DE SOLIDARIDAD CON LAS FAMILIAS HIPOTECADAS

ASOCIACION JUAN MONTALVO (Aso.juanmontalvo@gmail.com /(1832-1889) /C.Molina 6 Bajo. Valencia-España)


Madrid, 22 de junio del 2009

La caminata de solidaridad con los hipotecados y parados entró este fin de semana en el quinto y sexto día de campaña, 18 mujeres y varones de diferentes nacionalidades tomaron la decisión de marchar hacia Madrid desde Valencia el martes pasado.

Este grupo de ciudadanos llevan ya recorridos más de 200 kilómetros, recorrieron poblados como Honrrubia , La Almarcha , Hinojosa, Cervera del Llano, Villares del Saz y Venta de los Pocitos, en la provincia de Cuenca, al cierre de esta nota informativa se dirigían hacia la localidad de Montalvo, lugar donde piensan pasar la noche, descansar y curar las heridas en los pies para a día siguiente continuar la marcha rumbo a Madrid.

El propósito de esta caminata es pedir a los congresistas de los diferentes partidos políticos del arco parlamentario, soluciones urgentes ante el endeudamiento y la crisis como la moratoria en el pago de las hipotecas por dos años para todos los ciudadanos sin restricciones ni limitaciones y sin penalizaciones posteriores

Soluciones para miles de familias victimas del fraude inmobiliario y las hipotecas basura, que malviven una pesadilla pasado el sueño de la casa propia, mientras promotores inmobiliarios, notarios e intermediarios, directores de cajas y bancos que hicieron del derecho constitucional a la vivienda un suculento negocio cuentan y administran sus ganancias en los paraísos fiscales.

Desde algunas ONGs, y asociaciones se han planteado una serie de iniciativas para abordar este grave problema social, algunas asambleas han avanzado en planteamientos serios a nivel jurídico, otras se han plegado a las consignas políticas a favor de las cajas y bancos. Pero ha llegado el momento de que el Estado y la sociedad civil se sienten a dialogar frente a temas de interés público como la especulación hipotecaria y el endeudamiento familiar.

Creemos que la caminata emprendida por la Asociación Juan Montalvo de Valencia , y al que se suman muchas organizaciones nativas y extranjeras, constituye un acto simbólico de gran envergadura ya que significa un paso importante en la denuncia del fraude inmobiliario y aporta herramientas para la unidad de los afectados y los movimientos sociales que luchan por la defensa de los derechos fundamentales, en estos tiempos de crisis ocasionado por el sistema neoliberal que pretende hacernos pagar a los trabajadores.

La dirigencia de la asociación Juan Montalvo de Valencia que dirige y encabeza la caminata, así como las organizaciones que apoyan y que han constituido la Plataforma de solidaridad con las familias hipotecadas hacen un llamamiento a la ciudadanía en general a sumarse a la concentración de bienvenida y acompañamiento a nuestros hermanos marchantes en su entrada a Madrid el jueves 25 de junio y finalmente arribar a la Plaza de Neptuno a las 11h00 para hacer entrega del pliego de peticiones en el Congreso de los Diputados.

La Caminata tiene previsto dirigirse hacia la Plaza de Neptuno respaldada por una multitud para hacer entrega de un pliego de peticiones en el Congreso de los Diputados.

Para quienes quieran colaborar , sumarse a la marcha o pedir información, comunicarse con Edgar Constante al número de teléfono 687263143 o con Hernán Constante al 665161719.

AVISO: Este lunes 22 de junio se ha convocado a una reunión con representantes de asociaciones para invitar a sumarse a esta causa, en la Casa de los Migrantes en la C/Puerto del Milagro N. 6 local 7. Metro Puente de Vallecas, tomar el autobús 310 , bajarse en la parada del Colegio Xavier de Miguel con Puerta del Milagro.



KARINA GUERRA

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN

660875818

lindakarigf@yahoo.com

karinaguerra45@hotmail.com

PLIEGO DE PETICIONES DE LA PLATAFORMA “SOLIDARIDAD CON LAS FAMILIAS HIPOTECADAS”


PLIEGO DE PETICIONES


DE LA PLATAFORMA SOLIDARIDAD CON LAS FAMILIAS HIPOTECADAS.


Madrid, 22 de junio del 2009

La PLATAFORMA DE SOLIDARIDAD CON LAS FAMILIAS HIPOTECADAS que se ha constituido en estos días en España en apoyo a la caminata emprendida por miembros de la Asociación Juan Montalvo de Valencia, a través de los representantes de cada una de las organizaciones que se adhieren, manifiestan su acuerdo al llamado a la movilización social para pedir al gobierno una solución al problema de las deudas y de la especulación hipotecaria.

Conscientes del grado de abandono y de la necesidad de plantear medidas urgentes , una comisión presentará al Congreso de los Diputados un pliego de peticiones, que buscará paliar las dificultades de los ciudadanos a la hora de enfrentarse a los responsables de la especulación como son los agentes del mercado inmobiliario, entre ellos, bancos, cajas, inmobiliarias, tasadores y notarios.

Es imprescindible que el Estado regule y asuma un control del mercado financiero enfocado a programas habitacionales, y se le pide ahora más que nunca una intervención directa en los arreglos y negociaciones a los que son sometidos los hipotecados en sus contratos individuales en condiciones de desventaja, desigualdad e injusticia, a través la implementación de políticas serias en cuanto a la formulación de decretos, normas , modificaciones de leyes , mesas de negociación con los agentes sociales que representan a los ciudadanos.

Ponemos a consideración de las organizaciones, medios de comunicación , autoridades y ciudadanía en general el siguiente pliego de peticiones:

1.- Moratoria en el pago de las hipotecas en un plazo de dos años para todos sin restricciones ni limitaciones , y sin penalizaciones futuras que afecten a una sobrecarga en el pago ni en el capital ni el interés.

2.-Pedimos una fiscalización a los agentes de la especulación, una auditoría social del mercado inmobiliario .Que se abra un proceso de investigación a entidades bancarias, cajas, inmobiliarias, tasadores y notarios. Creación de una comisión de interventores de la vivienda.

3.-Que el Estado garantice el acceso universal al derecho vivienda por medio de y un parque público de vivienda con alquiler social, para la creación de este parque, pueden ser expropiadas en interés general las viviendas sujetas a procedimiento de ejecución hipotecaria para impedir desahucios y las viviendas vacías para impedir la especulación inmobiliaria. Que el Estado garantice, por tanto el acceso a la vivienda y aplique programas sociales en cumplimiento del Art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Art. 47 de la Constitución española.

4.-Creación del Observatorio de la vivienda para control del precio de suelo destinado para vivienda y de las inmuebles mismos como un bien de primera necesidad protegiendo los intereses de la sociedad frente a la especulación.

5.-Que se regule como límite de la deuda hipotecaria el bien hipotecado, regulando la dación en pago como un derecho de las personas hipotecadas para que las personas que devuelven los pisos no se queden con deuda, como sucede actualmente en muchos casos. También en cuanto a la dación o entrega del piso como forma de pago que esté expresamente excluida de tributación.

6.-Creación del Fondo de Garantía hipotecaria y creación de mecanismo de insolvencia familiar fuera de la ley concursal que protejan frente al sobre endeudamiento y frente a la exclusión social.

7.- Asegurar el acceso universal a la justicia gratuita para evitar que se repitan las situaciones de indefensión que hoy sufren miles de personas en el ámbito de la vivienda, así como la provisión de abogados de oficio para la negociación y el asesoramiento prejudicial de aquellas personas y familias con deudas hipotecarias y en régimen de alquiler.

8.-Una ley hipotecaria en la que se delimite la capacidad de endeudamiento para vivienda al 30% de la capacidad de crédito y a un plazo máximo de 20 años.

9.-Cese del proceso de ilegalización de personas que se está produciendo en el marco de la política migratoria del Reino de España fruto de la crisis económica.

10.- Que se tomen medidas urgentes contra todas las formas de especulación, explotación y estafa en la especulación financiera e inmobiliaria. Que se defiendan los intereses de la gente trabajadora frente a las entidades financieras y que se tomen medidas sociales frente a la crisis y al desempleo. Resulta inmoral seguir apoyando con dinero público a los responsables de la crisis mientras las principales victimas, los ciudadanos, son desahuciadas y pierden el empleo. Pedimos políticas sociales enfocadas hacia el empleo y la producción en un contexto de recesión económica en el que las personas no pueden esperar ni un día más.

NOTA: Este es un documento de discusión para las organizaciones sociales y ciudadanos, si desea hacer sus observaciones y aportar ideas remitirse a aso.juanmontalvo@gmail.com

SUSCRIBEN TODAS LAS ORGANIZACIONES ADHERIDAS A ESTA CAUSA

FEERE Federación de Ecuatorianos Residentes en España

REDI VALENCIA

FRUI Frente Unido de Migrantes

COIN Coordinadora de Inmigrantes

FERINE Federación Estatal de Inmigrantes en España

COLECTIVO CRISTIANOS DE BASE DE MADRID

ASOCIACION SIN FRONTERAS DE BARCELONA

ASOCIACION LUZ DE AMERICA DE MADRID

ASOCIACION TIWINTZA DE ECUADOR

ASOCIACION ASOLAR

PLATAFORMA AHORCADOS POR LAS HIPOTECAS

ASAMBLEA SOCIAL RIVAS –VACIAMADRID

ANTICAPITALISTAS.ORG

COOPERATIVA MADRILEÑA ESPERANZAS Y AYUDAS

ASOCIACION ARRAYANES

QDQ –QUIEN DEBE A QUIEN

CONADEE

sabato 20 giugno 2009

Trabajadores Revista

Razones por las que nos oponemos al proyecto privatizador de Empresas públicas

1. Antes de nada deseamos dejar constancia de nuestra conformidad con la orientación básica contenida en este Proyecto, esto es la de cambiar el régimen jurídico de las empresas del Estado: de derecho privado a derecho público, en virtud de que los trabajadores y sus organizaciones nos opusimos a los afanes de los gobernantes neoliberales y privatizadores, representantes de malos empresarios, los cuales propiciaron reformas legales y hasta constitucionales con el objeto de subastar las empresas públicas, especialmente las más rentables.

No obstante lo indicado, es necesario mejorar la redacción de este Proyecto, corregir errores formales, evitar consideraciones discriminatorias y hasta regresivas en cuanto al ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales, la participación e inclusión de la comunidad de usuarios, para evitar que el control sobre la prestación de los servicios públicos este en manos de los actores involucrados en la gestión y no en instancias independientes, en beneficio de los intereses de la comunidad.

En términos generales, además, notamos que en este proyecto no se establecen mecanismos ni procedimientos para la rendición de cuentas; tampoco existe la participación de las comunidades afectadas por posibles daños ambientales; se desmejoran los derechos laborales, se discrimina a grupos de trabajadores frente a otros; no se toma en cuenta a la organización sindical como representante de los intereses de los trabajadores, así como tampoco interlocutor de políticas sobre la dirección y gestión de las empresas y de los servicios públicos.

2. En la exposición de motivos del proyecto, en el sexto párrafo, se señala que debe buscarse un control fuerte del manejo de los recursos públicos “moderno, empresarial y coadyuvante a la obtención de los resultados” sin que se explique el término empresarial, en el sentido de que debe establecerse una administración técnica y ejecutiva. Esto para distinguir entre el modelo empresarial anterior que deberá sustituirse con un modelo social y solidario, según el texto de la nueva Constitución.

En el noveno párrafo consta algo erróneo: que las empresas no han sido capaces de captar o en su caso mantener a su principal patrimonio que es el recurso humano, “por tener también en el ámbito laboral un verdadero caos normativo al no contar con reglas que determinen con claridad el ámbito en que se desenvuelven”. Nosotros creemos que las normas sobre el trabajo estuvieron muy claras en las Constituciones de 1945, 1967, 1978 y la anterior de 1998, en la cual se determinaba con precisión cual debía ser la relación de las empresas del Estado con sus trabajadores o servidores, sin las orientaciones actuales que intentan perjudicar la libre organización y la negociación colectiva de los trabajadores del sector público. En esta virtud, solicitamos comedidamente se cambie el criterio constante en el texto aludido.

3. El Art. 5 que se refiere al mecanismo de creación de las empresas públicas, establece que a nivel nacional se lo hará mediante DECRETO EJECUTIVO, para las empresas creadas para esta Función, lo cual nos parece peligroso ante el evento, no consentido, de que cambie el titular de la Función Ejecutiva con afanes de los antecesores privatizadores y se vuelva a decretar la conversión de empresas de derecho público en empresas de derecho privado, según ocurrió en la década de los años 90 del siglo pasado. Por este motivo la sugerencia es de que la creación de nuevas empresas se la haga a través de una ley.

4. En el Art. 7 se establece la integración del directorio de las empresas, en donde creemos conveniente deben incorporarse representantes de las organizaciones de usuarios y de los trabajadores del sector público.

5. En el Título IV, “De la Gestión del Talento Humano de las Empresas Públicas”, consta el Art. 20, “Naturaleza Jurídica de la Relación”, en cuyo numeral 2 se habla del contrato individual y del contrato colectivo de trabajo, los mismos que solo podrán celebrarse con los “obreros” de las empresas públicas. La calificación de “obreros” en este momento histórico, ha inicios del Siglo XXI, se puede prestar a interpretaciones antojadizas y subjetivas. Por ejemplo se señala en este mismo proyecto que los obreros son aquellos que realizan labores materiales o manuales, de manera preponderante, sin entender que toda actividad laboral es al mismo tiempo manual e intelectual, pues no es posible que exista la una sin la otra, porque sería antinatural y absurdo. Ahora tenemos un desarrollo científico y tecnológico diferente al del Siglo XIX e incluso de principios del Siglo XX y entonces los trabajadores deben capacitarse para operar máquinas modernas, electrónicas y de otros tipos de tecnología de punta. Los operadores de estas máquinas son también obreros, pero en virtud de que están capacitados, son técnicos o profesionales pueden ser calificados de otra manera, como empleados públicos, y no como lo que son, obreros. De esta manera se desampara a un grupo de trabajadores calificados por la sola denominación de obreros, que puede llevarnos a equívocos. Sugerimos que se cambie el término obreros por el de TRABAJADORES, que es la denominación genérica constante en el Código del Trabajo Ecuatoriano, ley especial de la materia, y en los Convenios y Tratados Internacionales que están vigentes en el Ecuador.

6. El numeral 4 del Art. 22 se refiere a un sistema de “remuneración variable”, la misma que se establece tomando en cuenta la productividad y eficiencia del personal, así como el cumplimiento de metas anuales de producción y recaudación. Esta remuneración variable podrá ser modificada o suprimida en cualquier momento. Si bien puede existir una remuneración variable, para cuya determinación deben establecerse parámetros técnicos y precisos para no caer en subjetividades o favoritismos, es indispensable que se incorpore expresamente que tal remuneración o componente no podrá ser inferior a la remuneración básica de cada categoría, función o escala, determinadas legalmente.

7. En el numeral 5 del Art. 22 se reconoce la contratación colectiva exclusivamente para los obreros que realizan labores en las que prima el trabajo material sobre el intelectual, “respetando los límites establecidos por la ley” (?). Una vez más insistimos en las consideraciones ya realizadas sobre la definición de obrero, que no se compadece con la realidad. Pero lo más grave es que consta la posibilidad de considerar nulas de pleno derecho a las cláusulas de los contratos colectivos que sean contrarias a las disposiciones de esta ley, sin tomar en cuenta que de acuerdo a las normas nacionales e internacionales del derecho del trabajo, la nulidad solo puede ser alegada por los trabajadores, dada la naturaleza protectiva a ellos. Si el contrato colectivo de trabajo es el convenio o acuerdo de las partes y constituye ley para las mismas, su contenido y aplicación es obligatorio (a) y en base a la aplicación del principio de la “autonomía colectiva” ninguna autoridad o persona ajena a las partes de la negociación puede alterar su texto.

8. El numeral 6 del mismo Artículo 22, que se refiere al derecho a la huelga, debe reconocerse para los trabajadores en relación de dependencia, en términos generales.

9. El numeral 8 ibidem, debe redactarse en el sentido de que la declaración juramentada de bienes deben hacerla los ejecutivos y funcionarios de las empresas públicas y no los trabajadores, los cuales no tienen a su cargo el manejo de recursos o fondos públicos, sino exclusivamente actividades operativas.

10. El numeral 9, por su parte, tiene dificultades para su compresión, y, por tanto, debe redactarse en forma más clara.

11. El numeral 11 que se refiere a la “jubilación especial forzosa”, por principio y definición no puede aceptarse porque, en virtud de que la jubilación es un derecho del trabajador o del servidor, y, en este sentido no puede forzarse u obligarse para tal ejercicio.

12. En cuanto al numeral 13 que se refiere a la garantía de estabilidad de los trabajadores, debe incluirse el Art. 187 en beneficio de los dirigentes sindicales y también lo previsto en la contratación colectiva de trabajo legalmente negociada y celebrada, que se encuentre vigente, en forma alternativa, para evitar la acumulación de indemnizaciones, si de esta manera consta en el convenio colectivo, legalmente celebrado. En este numeral y en muchas otras normas del proyecto hay una referencia inconveniente a los denominados “mandatos” que han perdido su eficacia con la vigencia de la Constitución del 2008.

13. El Art. 25, que se refiere a la subrogación o encargo, debe contener un límite de tiempo o plazo y que en caso de superar el mismo, el trabajador o servidor asumirá el cargo o función respectiva.

14. En el Art. 31 en el cual constan las normas para la celebración de los contratos individuales y colectivos de trabajo, se incluyen disposiciones perjudiciales como las siguientes: (numeral 1) “Cualquier incremento salarial se efectuará exclusivamente previa evaluación del desempeño … y, en consideración de la capacidad económica de la empresa”.

En una economía capitalista, como la nuestra los problemas no son solo de desempeño e incluso de capacidad de las empresas sino debido al proceso inflacionario recurrente y por el continuo incremento del costo de la vida, que deteriora los ingresos de los trabajadores en forma permanente. Estas últimas consideraciones también deben constar en el texto de la ley.

En el mismo numeral se prohíbe los bonos, ayudas y estímulos. En este caso, exclusivamente los trabajadores no tendrían derecho a los bonos, lo cual no ocurre con otros sectores o grupos sociales, a los cuales se les entrega el bono de desarrollo humano, el bono de la vivienda, el bono agropecuario, el bono fronterizo, etc. etc., lo cual es discriminatorio.

15. El numeral 2 del Art. 31 cambia la definición de remuneración en perjuicio de los trabajadores. Esta, según las normas internacionales y nacionales se refiere a todos los ingresos que percibe el trabajador, sean estos en dinero, en servicios o en especies.

El numeral 4 del mismo artículo, limita la estabilidad de los trabajadores, contrariando el criterio legal y aceptado universalmente de que la garantía de estabilidad significa un freno al despido, esto es al desempleo y al subempleo. Estamos insinuando que se reformulen completamente los numerales arriba indicados.

En el numeral 5 se aprecia un equívoco que debe enmendarse, pues, ya no existen, sino de manera referencial, los “salarios mínimos” sino la remuneración básica unificada.

16. El numeral 4 del Art. 37 y el Art. 39 deben reformularse íntegramente para evitar la posibilidad de una nueva escalada de privatizaciones.

17. El inciso segundo de la Primera Disposición Transitoria deroga en forma expresa, entre otras normas y leyes la Ley Especial de PETROECUADOR y sus empresas filiales, lo cual, como también es del criterio el señor Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR, sería inconveniente, en virtud de que la entidad pública carecería de una ley que permita incluso su transición.

Estas son las observaciones más importantes de nuestra parte, ratificamos en el camino de lucha, para que no se afecten los derechos y garantías en favor de los trabajadores (empleados u obreros) y el pueblo ecuatoriano que se contemplan en la legislación internacional y nacional.

Ramiro Guerrero Córdova Jhon Plaza Garay

PRESIDENTE (E) DE LA FETRAPEC S. GENERAL DEL

Y PRESIDENTE DEL CENAPECO CETAPE

Miller Quiñones Sosa Paulina Arias Burneo

S. GENERAL DEL CETRAPIN PRESIDENTA (E) DEL

CENAPRO